Enviado a publicación al Diario Almeria hoy
Durante más de cuatro décadas de vida constitucional, nadie se empeñó con rigor y sinceridad para hacer que el senado sea como la constitución quería, una Cámara de representación territorial, acabó siendo una cámara de jubilación señorial. Ni siquiera cuando se llegó a decretarse el estado de alarma, que es la primera vez en la que se haga, y a pesar de los pesares de su señorío, no sirvió ni para la representación territorial, ni para hacer efectiva la concentración del poder.
Un organismo constitucionalmente encomendado para la representación territorial que anualmente cuesta a las arcas públicas 54 millones de euros que no sirvió ni para paliar la brecha territorial, ni para un 155 en Cataluña, ni para una concentración del poder por estado de alarma, ni para amortiguar las diferencias territoriales ¿para qué sirve entonces?
El poder judicial en la más peliaguda enredada. Negligente e intencionadamente dejaron la eficacia de la tutela judicial en un mito, más que opacidad constitucional, una negación de la tutela judicial. «Una justicia tardía es denegación de justicia», ese fue el lema de la sentencia número 24 de la vida del tribunal constitucional, la STC 24/81. Sin embargo a nadie le importaba. Parece ser un intencionado propósito político, debilitar a la justicia. En un partido judicial de unos 200 miles de habitantes, un solo juez de familia, que a mitad del año, habría dictado una media de 450 sentencias y un par de miles de autos, es decir, una media de unas dos sentencias y media, unos 11 autos, y otras tantas más providencias por día. Y para tramitar una demanda de juicio verbal de menor cuantía, se tarda unos 30 meses para que la demanda llegue a contrario, y que su abogado empiece a tomar medidas para poner fin extrajudicial a la causa. Todo eso pasa, y políticos y pueblo siguen linchados y ensalzándose como que tienen el mejor Estado de Derecho.
El ciudadano medio apenas sabe de la constitución un par de artículos, que ilustremente no llegan ni al puñado. Ningún color político a lo largo de la vida constitucional se empeñó en regar a la ciudadanía algún valor constitucional, y cuando lo quiso hacer, apenas se limitó a que sea por la libertad sexual, pero no la dignidad, a la libertad ideológica, pero no la pertinencia, a la libertad de expresión, pero no al honor. Un aprendizaje para intoxicar al pueblo más que ilustrarle, cortical más que introspectivo. Crearon masa de necios borreguiles, evitando una masa de sabios exigentes influyentes y críticos.
Ahora a varapalo llega el arresto domiciliario. Literalmente como tal, un confinamiento colectivo de toda la masa, incluidas las instituciones de vigilancia y amortiguación del poder. Si las reivindicaciones del 8M eran igualdad de género, ahora se habrán reducido a igualdad de especies, si eran libertad sexual, ahora apenas la aspiración es libertad sensual. Las mascotas pueden salir a por sus necesidades, pero niños y enfermos no. A golpe de una noticia, todas las garantías constitucionales se quedaron opacas.
Declarado el estado de alarma, suspendió total y absolutamente todos los procesos administrativos y judiciales de todas las órdenes, alegando protección de la salud, para acabar así convirtiendo el conjunto del Estado en estado de facto. A pesar de que todos sabemos que la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción virtual. Sus actuaciones son virtuales, apenas se realizan vistas, ni existen juicios orales, ni actuaciones en situ. Pudiendo perfectamente mantenerse activa para supervisar la legalidad de la administración y la vigilancia del poder. Pero parece que eso era precisamente lo buscado, actuar arbitrariamente, para luego colapsar la judicatura, y de seguir insistiendo esa suspensión, seriamente podemos empezar hablar de negligencia y arbitrariedad del poder.
