La declaración del estado de alarma por el RD 463/2020, de 14 de marzo, se refería apenas a la concentración del poder público, operativamente, en el gobierno de la nación, como única autoridad pública. Concentración que no se debe propiamente a ese real decreto, sino tiene su origen en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 4/1981 sobre la declaración del Estado de alarma, sitio y excepción, que regula el artículo 116 de nuestra Constitución. Es decir, por un lado concentra el poder público operativo en el gobierno de la nación, y sus referidos cuatro ministerios, y por otro establece las pautas del confinamiento para evitar la propagación de la pandemia. Ni se recoge ninguna excepcionalidad de otros derechos constitucionalmente garantizados, ni otra colaboración institucional de carácter autonómico.
Algunos gobiernos autonómicos públicamente declararon sus inquietudes por si se tratara de una intervención en sus autonomías, sin embargo otros astutamente desobedecen el contenido constitucional, orgánico, y normativo, y no solamente siguen ejerciendo sus funciones en contradicción con el organigrama nacional, sino incluso usurpando derechos y libertades públicas reservadas para el estado de sitio, y no al de alarma. Incluso algunos ayuntamientos y alcaldes, siguen creyéndose autoridad pública, decretaron bandos de confinamiento, ordenanzas municipales, hasta confinamiento local de sus municipios, cortando vías públicas, y obstaculizando pasos hacía sus municipios1. Hechos, que además de ser contradictorios con el estado de alarma, suponen clara usurpación del poder público, y desobediencia a la legalidad vigente.
Ahora desde hace varios días, el gobierno de la Junta de Andalucía, declaró que considera estigmatizante publicar datos y detalles de contagios y víctimas de la pandemia. Por lo que para evitar la estigmatización decidió, unilateralmente, impedir la difusión de la información, en contradicción con el criterio que se esta siguiendo en el resto del Estado. Es decir, de pronto los andaluces se vieron acorralados, entre un gobierno nacional al mando como única autoridad pública, bajo su dirección el ejercito asegurando el confinamiento de la población, y una usurpación del poder por el gobierno autonómico desobediente, que además aplican un estado de sitio en lugar de alarma, y otras autoridades locales que se siguen creyéndose mandatarios, decretan bandos, confinan población, y bajo su poder tienen la policía local. Lo que teníamos pensando como un estado institucional, ordenado y de Derecho, esta crisis lo está dejando en cenizas, fisuras y crispación de oportunistas, crean confusiones más que información, cunden caos y agonía más que seguridad y organización.
1Unilateralmente los alcaldes de Fondón, Laujar de Andarax y Fuente Victoria de la provincia de Almería mandaron a interrumpir los pasos a sus municipios, acordando confinamiento local. Vid noticia transcendida en el Diario de Almería del 31 de marzo 2020, en: https://www.diariodealmeria.es/provincia/Fondon-Laujar-Fuente-Victoria-coronavirus_0_1450955389.html
